Buscan Prohibir Venta de Videojuegos Violentos
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Antonio Cuéllar Steffan, presentó ante la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley para reformar el artículo 68 y la fracción IV del artículo 148 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para castigar hasta con $2 millones MXN la venta de juegos violentos o que hagan apología del delito a menores de edad, independientemente de su clasificación. El argumento detrás de esta iniciativa es que los contenidos violentos o sexuales representan un riesgo para el sano desarrollo de dicho sector, el cual representa precisamente un segmento vulnerable de la población.
Cuellar afirmó que los juegos generan conductas de repetición desmesuradas, cuyo impacto resulta dañino para los menores de edad, especialmente por su carácter interactivo. Para ilustrar su punto, aludió al caso de Christopher Raymundo Márquez, un niño de 6 años, oriundo de Chihuahua, que en marzo fue asesinado por otros 5 menores de edad quienes argumentaron que estaban jugando al secuestro.
El vínculo supuestamente directo entre videojuegos violentos y violencia real ha sido objeto de debate por muchos años sin que exista, a la fecha, un estudio concluyente que lo demuestre, más allá de todo cuestionamiento metodológico. Apenas en noviembre de 2014 el psicólogo de la Universidad de Stetson, Christopher Fergusondesacreditó, mediante una investigación, la existencia de un lazo directo entre agresión mediática y agresión en la vida cotidiana, y cuestionó la validez de estudios previos que así lo señalan, al argumentar que suelen sacar la violencia de contexto.
“El grado con el cual estos estudios, independientemente de sus inconsistentes resultados, puede generalizarse a nivel de agresión social permanece debatible.”, declaró Ferguson, quien añadió: “La sociedad tiene atención y recursos limitados a destinar al problema de la reducción del crimen. Existe el riesgo de que identificar el problema equivocado, como violencia mediática, distraiga a la sociedad de preocupaciones más urgentes como pobreza, educación y disparidades vocacionales así como salud mental. Mi investigación podría ayudar a la sociedad a concentrarse en problemas que realmente importan y evitar así destinar recursos innecesarios a la persecución de agendas morales con poco valor práctico.”
Y tampoco es la primera vez que aparece un proyecto con estas características. La Suprema Corte de Estados Unidos derogó en 2011 una ley similar aprobada en California en 2005. Recordemos que en dicho país se han documentado varios crímenes perpetrados por jugadores; sin embargo, la Suprema Corte de aquella nación desestimó los argumentos de la iniciativa, calificándola de equivocada y sin precedente.
“Sin lugar a dudas, el Estado tiene poder legítimo para proteger a los niños del peligro pero eso no incluye el poder de restringir las ideas a las cuales los niños pueden estar expuestos.”, declaró en su momento el juez asociado de la Suprema Corte, Antonin Scalia, quien ilustró su punto al remitirse a cuentos de hadas que también contienen violencia.
Cabe acotar que los videojuegos gozan de una clasificación propia, diseñada para que sean los padres quienes decidan si un título es apto o no para sus hijos. Una ley con estas características transferiría esa responsabilidad al gobierno.
